Una empresa neuquina que nació en la provincia, que generó empleo calificado, que creció sin subsidios y que llegó a dar trabajo a más de 30 personas, está siendo estrangulada por la Justicia. Literalmente.

El embargo ordenado por el juez Jorge Sepúlveda lleva más de cuatro meses sin resolverse. Una medida supuestamente cautelar, que debía durar apenas días, terminó convirtiéndose en una condena económica irreversible. Se embargaron más de $17 millones cuando la deuda original era de $7,7 millones, afectando fondos que ni siquiera estaban vinculados a la causa.

Como si eso no fuera suficiente, el sistema financiero bloqueó los accesos de la empresa, que no puede cobrar a sus clientes ni operar normalmente, y la justicia neuquina —una estructura lenta, opaca y desconectada de la realidad— no hizo absolutamente nada para revertir la situación.

El resultado es trágico: 15 personas fueron despedidas en las últimas semanas. No por mala gestión. No por falta de demanda. No por crisis económica. Fueron despedidas porque la justicia neuquina paralizó toda la operatoria de una empresa que estaba en crecimiento constante.

Lo que debía ser una herramienta legal para preservar derechos, terminó siendo una máquina de destrucción. Un embargo de este tipo, por su impacto demoledor, no puede —según la propia jurisprudencia— extenderse más de 20 días sin resolución. Ya pasaron más de 120 días, es decir, una tercera parte del año.

En ese tiempo, no solo se congelaron fondos. Se perdieron contratos, se cancelaron operaciones internacionales, se desmoronó la confianza de los clientes, y se inició un proceso de deterioro financiero que lleva directamente a la bancarrota.

Mientras tanto, nadie da explicaciones. Ni el juez, ni el juzgado, ni los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia. Todos miran para otro lado. Pero las consecuencias son reales: una empresa menos, 15 familias afectadas, proveedores sin cobrar, y otra señal nefasta para cualquier proyecto que pretenda crecer en Neuquén.

Frente a este atropello judicial, se abren múltiples acciones legales contra el Estado neuquino y el juzgado interviniente, por los siguientes agravios:

Exceso en la ejecución del embargo: se retuvieron fondos por más del doble del monto reclamado, sin justificación.

Violación de los plazos procesales: se ignoraron todos los límites legales que rigen las medidas cautelares.

Falta de respuesta administrativa: a pesar de pedidos formales y gestiones personales, el juez Sepúlveda jamás respondió.

Daño económico irreversible: despidos masivos, caída de contratos y posible quiebra.

Pérdida de oportunidades de negocio: la empresa estaba en pleno crecimiento, expandiendo operaciones, y el bloqueo judicial detuvo su expansión.

Violación del principio de razonabilidad: ninguna medida cautelar puede ser más destructiva que el daño que intenta prevenir.

Los abogados de la firma ya analizan acciones civiles por daños y perjuicios contra el Estado provincial, demandas por responsabilidad funcional del magistrado interviniente, e incluso la posibilidad de escalar el caso ante organismos nacionales y medios especializados en justicia y desarrollo empresarial.

La pregunta que nadie se atreve a contestar sigue vigente:
¿Quién controla a los jueces que arruinan empresas, destruyen empleo y operan con total impunidad?

Neuquén no puede permitir que su justicia sea un lastre para el crecimiento. No puede tolerar que decisiones arbitrarias y negligentes sean el final de empresas que dan trabajo, pagan impuestos y hacen las cosas bien. La bronca crece. La impotencia también. Y la respuesta del sistema judicial es el silencio.