Un grupo de cinco fiscales federales impulsó esta semana un pedido de detenciones en una causa que describe cómo una terminal portuaria de uso público sirvió para integrar al circuito legal dinero de dos orígenes distintos: sobornos cobrados en España y ganancias del tráfico de drogas en Rosario.

El eje de la acusación es Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de Terminal Puerto Rosario (TPR). En 2023, un tribunal ya lo había condenado a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. Desde una financiera en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad, Shanahan proveyó dólares para la compra de cocaína. Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas.

La causa actual agrega otra capa. Entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR fondos provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola: 1.850.000 euros transferidos a una sociedad local que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española determinó, en un fallo confirmado en 2021, que el patrimonio de esa familia tuvo origen en comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

El esquema que describe el Ministerio Público Fiscal funciona en tres pasos. Primero, el dinero de origen ilícito entraba al puerto disfrazado de inversión societaria. Luego, entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, transformando el activo: lo que había entrado como "inversión" salía como "precio de venta". Por último, parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para el tramo final, los fiscales señalan al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de cortar el rastro.

Las ganancias del narcotráfico habrían tomado otro camino: la compra y canje de fichas en las salas VIP del casino de Rosario, por más de 23 millones de pesos, para reintroducir efectivo no declarado al circuito legal.

Junto a Shanahan quedaron imputados su esposa, sus dos hijos y un conjunto de sociedades que el MPF describe como pantallas sin actividad económica real. El embargo solicitado alcanza los 152.000 millones de pesos, equivalentes a unos 100 millones de dólares.

Un intermediario identificado como Iván Ferrarons, con pedido de captura internacional, habría recibido el dinero en efectivo, lo convertía en divisas y lo sacaba del país. Ferrarons fue localizado en España.

El organismo estatal encargado de controlar la concesión portuaria habría tenido señales de alerta desde 2003, cuando el grupo concesionario se presentó con empresas constituidas para la ocasión y capital mínimo. Directores del ente se opusieron en su momento; la advertencia no tuvo consecuencias.

¿Qué controles se aplicaron sobre las concesiones de infraestructura pública durante ese período, y qué cambios en los mecanismos de auditoría podrían haber detectado la maniobra antes?