Los cuatro hombres declarados culpables por el secuestro y homicidio de Otoño Uriarte recibirán la pena de prisión perpetua, ya que es la única que les cabe para el delito tipificado como “privación ilegítima de la libertad agravada por la duración en el tiempo”.

De todos modos, tras el juicio de responsabilidad, Maximiliano Manuel Lagos, Nestor Ricardo Cau, José Hiram Jafri y Germán Ángel Antilaf deberán transitar la instancia de cesura, en la que los jueces María Florencia Caruso, Amorina Sánchez Merlo y Juan Puntel le impondrán formalmente el castigo.

La audiencia de esa etapa se llevará a cabo el próximo jueves 6 de marzo a las 8:30 en los tribunales de Cipolletti.

Los condenados quedaron presos el último 5 de febrero, tras la lectura del veredicto por pedido de la parte acusadora.

A Lagos, Cau y Jafri le impusieron la prisión preventiva por pedido de la fiscal María Teresa Giuffrida ante el riesgo de fuga, requerimiento al que adhirió la abogada querellante Gabriela Prokopiw.

Antilaf ya estaba en la cárcel por un delito contra la propiedad. Él mismo se autodefinió en el debate como ladrón y asaltante, especialista en abrir cajas fuertes.

Defensores rechazaron la prisión preventiva
Los abogados defensores adelantaron que apelarán el fallo de responsabilidad ante el Tribunal de Impugnaciones, y rechazaron la prisión preventiva.

Edgardo Lucero, representante de Maximiliano Lagos, sostuvo que la sentencia aún no está firme ya que puede ser impugnada y que lo ampara la presunción de inocencia. Resaltó que tiene a cargo a sus tres hijos menores porque es un “papá soltero” y que durante todos estos años de estar sospechado siempre cumplió con las medidas cautelares que le impusieron.

Marcelo Caraballo, defensor Oficial de Nestor Cau, coincidió con que aún rige el estado de inocencia y que estuvieron “18 años cumpliendo pautas de conducta”. Sostuvo que Cau no posee recursos económicos para escapar y que tiene un fuerte arraigo en Fernández Oro, donde “vivió toda su vida y no conocer otros lugares”.

Rubén Antiguala, a cargo de la defensa de José Jafri, también rechazó el pedido de prisión preventiva al afirmar que tiene arraigo en Fernández Oro, una familia con cuatro hijos adolescentes y no tiene medios económicos para escapar. Dijo que vive de changas y entre sus argumentos afirmó que tiene problemas de salud. Reiteró como sus colegas que siempre cumplió con las medidas cautelares y presentaciones en todo este tiempo de investigación.

El vehemente profesional resaltó la inocencia de los imputados “más allá del fallo adverso” y que buscarán revertirlo “en instancias superiores”.

Finalmente, Carlos Vila, representante de Germán Antilaf, indicó que el requerimiento de prisión preventiva no tiene objeto en su caso porque ya cumplir una condena en prisión. De todos modos, respaldó las objeciones a esa medida expuestas por los otros defensores.

Salvo este último profesional, dado que su defendido está preso, los otros defensores ofrecieron el cumplimiento de medidas cautelares, como firmar periódicamente en sedes policiales o el uso de dispositivo de seguimiento satelital, como propuso Antiguala para su asistido.

Las pruebas de la acusación
El tribunal consideró acreditado que el 23 de octubre de 2006, en Fernández Oro, los cuatro hombres planificaron un plan para secuestrar a Otoño Uriarte, entonces de 16 años de edad. Con ese fin le robaron su bicicleta para forzarla a regresar a su casa ubicada en una chacra caminando por una zona oscura y poco transitada.

Esa noche, alrededor de las 23:30, la interceptaron y se la llevaron. No aparecieron testigos de ese momento. Por la época que sucedió, mucho menos hubo imágenes de cámaras de seguridad.

Posteriormente la llevaron a un lugar donde sufrió agresiones físicas y un ataque con un objeto punzocortante -como un cuchillo Tramontina- en la zona izquierda del tórax y la axila, lesiones que le causaron la muerte, reveló la autpcia.

Luego su cuerpo fue ocultado, enterrado, desenterrado y arrojado al canal principal de riego, donde fue encontrado en la usina de El 30 el 24 de abril de 2007.

Las pruebas testimoniales y periciales determinaron que el cadáver permaneció sumergido entre cinco meses y tres semanas. Se concluyó que Otoño fue asesinada antes de ser arrojada al agua y que los responsables intentaron deshacerse del cuerpo. Para eso le colocaron peso en sus extremidades inferiores. Esta conducta descartó otras hipótesis, como el suicidio.