La credibilidad del Poder Judicial neuquino atraviesa un momento crítico. Cada vez son más los casos donde las medidas cautelares, pensadas para garantizar un proceso, terminan asfixiando la actividad económica y dejando sin sustento a familias que nada tienen que ver con el conflicto original.

El expediente que involucra a un empresario de tecnología y ciberseguridad neuquino, responsable de más de 30 empleos, es hoy un ejemplo claro de este deterioro institucional. Desde hace más de tres meses y medio no puede acceder a sus cuentas bancarias, pagar salarios ni cumplir compromisos financieros debido a un embargo desproporcionado y sin revisión, avalado por el juez Jorge Sepúlveda.

El embargo se justificaba por una deuda reclamada en torno a los 7,7 millones de pesos. Sin embargo, el monto efectivamente bloqueado trepó aproximadamente a 17 millones de pesos, afectando incluso fondos que no guardaban relación directa con la causa. Pero el verdadero daño no radica en la cifra, sino en las consecuencias: la empresa quedó paralizada. La imposibilidad de operar con bancos convirtió al embargo en una condena económica de hecho, mucho antes de que exista una sentencia firme.

El caso revela además otro costado problemático: la falta de respuesta del juzgado. A pesar de que se presentaron múltiples escritos y pedidos formales de levantamiento, e incluso cinco gestiones personales en el tribunal, el embargo sigue intacto.

Ya pasaron más de 100 días desde que se ejecutó la medida, y el expediente permanece sin resolución, en lo que especialistas califican como un incumplimiento reiterado de los plazos legales. Es la tercera vez que este juzgado omite los tiempos procesales establecidos, dejando al empresario y a sus empleados en un limbo financiero.

La situación va mucho más allá de un litigio personal: afecta directamente a decenas de familias, proveedores y compromisos comerciales que dependen de la continuidad de la empresa. La economía real, en definitiva, termina siendo la víctima invisible de decisiones judiciales tomadas sin evaluar su impacto.

Ante este escenario, el empresario neuquino decidió iniciar una campaña social que busca convocar a padres y madres damnificados por el accionar del juez Jorge Sepúlveda, con el objetivo de reunir testimonios y presentar una queja formal ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. La movida pretende visibilizar que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón de decisiones que ha generado perjuicios serios en varias familias, y apunta a que el máximo tribunal provincial evalúe el desempeño del magistrado y, de corresponder, active los mecanismos de enjuiciamiento.

La historia vuelve a poner en el centro un interrogante que incomoda:
¿Quién controla a los jueces cuando sus decisiones exceden toda proporcionalidad y generan un daño social irreversible?