En un hecho jurídico llamativo, jueces neuquinos y federales no lograron ponerse de acuerdo en relación a una causa penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá definir quien llevará a juicio a tres presos que protagonizaron un brutal ataque en la Unidad Residencial III del Complejo Penitenciario V de Senillosa.

Lo particular del proceso judicial que tiene como víctima a un interno del Servicio Penitenciario Federal (SPF) es que ya lleva más de cuatro años en los despachos de fiscales y jueces y que ahora sumará un capítulo más con su envío al máximo tribunal de justicia del país.

La novedad de la nueva instancia que recorrerá el abultado expediente se conoció en los últimos días luego de una decisión que adoptó el juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén capital (TOF), Simón Bracco.

La investigación se remonta al 9 de enero de 2021, cuando tres presos acorralaron a otro interno y mediante facas, le provocaron múltiples heridas en el rostro. Uno de los puntazos criminales le causó una pérdida de visión del ojo izquierdo de por vida.

Tras las primeras pesquisas, fueron identificados tres atacantes y se les imputó el delito de lesiones en riña.

Defensores a favor de definición en tribunal provincial
Las idas y venidas en relación a la competencia y si correspondía a la justicia provincial o federal encabezar el juicio se intensificaron en los últimos meses, con presentaciones llevadas a cabo por algunos defensores y donde se hacía hincapié que el proceso debía definirse en el ámbito de los tribunales provinciales.

Desde la fiscalía federal mostraron su oposición porque la causa ya había sido elevada a juicio y los planteos defensistas provocarían un nuevo retraso en el esperado debate oral.

Sin embargo, el juez del TOF que intervino, Simón Bracco, acompañó el criterio de una de las defensoras y emitió una primera resolución aceptando la incompetencia de la justicia federal. De esta forma, la causa fue a parar a la Unidad de Atención al Público y Asignación de Caso del Ministerio Público Fiscal de la Primera Circunscripción del Poder Judicial de Neuquén.

Parecía caso cerrado pero antes de que expire el 2024, la magistrada que forma parte del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción, Carina Beatriz Álvarez, pegó un portazo y no aceptó la competencia. La resolución se emitió el 26 de diciembre del año pasado. De manera contundente, la jueza provincial expresó que “atento el estado de la causa, agotada la investigación en sede federal, habiéndose elevado a juicio y quedando pendiente sólo la realización del mismo, y las garantías de raigambre constitucional y convencional en juego tanto de los imputados como la víctima, corresponde seguir interviniendo la justicia federal”.

Disidencias
Ante la respuesta de la jueza Álvarez, Bracco no dio su brazo a torcer y remarcó que la magistrada provincial “concluyó, así sin más, que debe continuar interviniendo este fuero federal, para lo cual invocó que se encuentran en juego garantías de raigambre constitucional y convencional (tanto de los imputados como de la víctima), que no solo no identificó, sino que, además, tampoco explicó por qué se verían vulneradas de continuar el trámite por ante el foro de jueces local”.

Con el fin de destrabar el conflicto, el integrante del TOF resolvió que los jueces de la Corte tengan la última palabra y definan quién juzgará a los presos violentos.