Cuatro años y ocho meses para dos camioneros que intentaron sacar del país 35 toneladas de acetato de etilo

Dos conductores de camiones de nacionalidad boliviana fueron condenados a cuatro años y ocho meses de prisión por intentar sacar de la Argentina más de 35 toneladas de un precursor químico controlado con destino a Bolivia. La sentencia fue homologada el 22 de octubre por la jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta.

Los condenados son Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García. Aceptaron las penas propuestas por la fiscalía a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero, de la Sede Descentralizada Orán, mediante acuerdos plenos. Fueron declarados coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos mediante documentación adulterada, en grado de tentativa, y del ingreso de esas sustancias a zona de frontera sin autorización.

El hallazgo en Aguas Blancas

La operación fue descubierta el 16 de marzo de 2026, cuando personal de Gendarmería Nacional controló dos camiones en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, en Salta. Los vehículos trasladaban 191 tambores con 35.144 kilos de acetato de etilo, distribuidos en 95 y 96 tambores. Según los datos de la causa, la documentación establecía que la carga debía salir por el paso de Salvador Mazza con destino a Cochabamba, pero los camiones habían recorrido el norte y el litoral argentino hasta llegar a Aguas Blancas.

Lo que comprobaron los investigadores

• La fiscalía determinó que la autorización había sido adulterada.
• Las patentes de los camiones fueron incorporadas a un documento con el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica del Estado.
• Al cotejar los permisos con el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre), las patentes no estaban habilitadas para esa operación.
• Un peritaje de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal confirmó que la sustancia era acetato de etilo, incluido en el listado del Renpre por su potencial uso en el refinamiento de clorhidrato de cocaína.

La investigación tuvo alcance internacional. La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) articuló el intercambio de información con autoridades bolivianas, lo que permitió incorporar documentación de allanamiento a la causa.